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El concepto de servicio público es diverso, existiendo enfoques diferentes para su definición. De modo general, y en un sentido amplio, el servicio público es equivalente al conjunto de la actividad de la administración pública. No obstante, la extensión de este significado desdibuja la diferencia de lo que serían funciones intrínsecas y definidoras del Estado, de aquellas actividades consistentes en facilitar la satisfacción de una necesidad colectiva.
En ese sentido, Bautista [1] ofrece una definición de servicio público: «…aquella actividad ofrecida por el conjunto de instituciones que conforman la administración pública cuyo objeto consiste en facilitar de modo regular, continuo y sin propósito de lucro, la satisfacción de una necesidad colectiva o de interés general”.
El término «servicio público» se refiere a un conjunto de actividades y servicios que el Estado y sus organismos públicos proporcionan a la ciudadanía, con el fin de garantizar el bienestar común y el interés general de la sociedad. Estos servicios públicos pueden ser prestados directamente por el Estado y sus entes y administraciones, o a través de empresas públicas o concesionarias. Tanto en uno como en el otro tipo de gestión, su calidad debe evaluarse mediante los oportunos indicadores de calidad.
Veamos las características definitorias de los servicios públicos:
Con relación a la titularidad pública hay que incidir en la existencia de distintas formas de gestión que, manteniendo dicha titularidad, sean distintas a la prestación directa por parte de las administraciones públicas.
En cualquier caso, siendo la administración la que ostenta la titularidad del servicio público es a su vez responsable de la calidad del servicio, aunque la gestión la lleva a cabo un agente privado.
A continuación, se presentan ejemplos de servicios públicos que se prestan en España, incluyendo algunos que son competencia de los ayuntamientos:
Recogida de residuos sólidos urbanos: un servicio público básico, necesarios para mantener la limpieza y la salubridad de los municipios. Este servicio puede prestarse directamente por el ayuntamiento o mediante una empresa externa.
Servicio de agua potable: se encarga de garantizar el acceso de los ciudadanos a agua de calidad y en cantidad suficiente.
Servicios culturales: donde se incluyen actividades como el diseño y organización de eventos culturales, la gestión de bibliotecas, museos y centros culturales, la promoción del patrimonio cultural y artístico de la ciudad, entre otros.
Servicios deportivos: tales como la gestión de instalaciones deportivas, la promoción del deporte entre la ciudadanía o la organización de eventos deportivos, entre otras actividades.
Transporte urbano: suelen ser responsabilidad de los ayuntamientos, aunque algunos (como el transporte en metro) son competencia de las administraciones autonómicas.
Servicios de atención a la infancia y juventud: por ejemplo, escuelas infantiles, centros juveniles y casas de la juventud, entre otros.
Atención a las personas mayores: dirigidos a atender a las personas mayores: como residencias de mayores, centros de día y servicios de ayuda a domicilio, entre otros.
Según la legislación española (Artículo 26 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local), los ayuntamientos tienen la obligación de prestar a la ciudadanía un conjunto de servicios públicos, en función del tamaño poblacional de sus municipios.
| Todos los municipios. | Alumbrado público. Cementerio. Recogida de residuos. Limpieza viaria. Abastecimiento domiciliario de agua potable. Alcantarillado. Acceso a los núcleos de población. Pavimentación de las vías públicas. |
| Municipios con más de 5.000 habitantes. | Además de los anteriores: Parque público. Biblioteca. Tratamiento de residuos. |
| En municipios que superan los 20.000 habitantes. | Además de los anteriores: Protección civil. Evaluación e información de situaciones de necesidad social. Atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social. Prevención y extinción de incendios. Instalaciones deportivas de uso público. |
| Municipios con población superior a 50.000 habitantes. | Además de las citadas anteriormente: Transporte colectivo urbano de viajeros. Medio ambiente urbano. |
| En general, en municipios de población inferior a 20.000 habitantes. | Las diputaciones provinciales correspondientes, o entidades equivalentes, efectuarán la coordinación de los servicios públicos siguientes: Recogida y tratamiento de residuos. Abastecimiento de agua potable a domicilio. Evacuación y tratamiento de aguas residuales. Limpieza viaria. Acceso a los núcleos de población. Pavimentación de vías urbanas. Alumbrado público. |
[1] Bautista, O. D. (2007): «La ética en la gestión pública: fundamentos, estado de la cuestión y proceso para la implementación de un sistema integral en los gobiernos». Tesis doctoral bajo la Dirección del Doctor Rafael Bañón i Martínez. Universidad Complutense de Madrid. Facultad de Ciencias Políticas y Sociología.
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