La autoridad funcional es un concepto clave en la estructura organizativa moderna, especialmente en contextos organizacionales donde la especialización y la eficiencia son clave para el éxito. No siempre es cierto que los órganos de staff estén privados de autoridad...
La rendición de cuentas (accountability) se define, en términos generales, como la obligación de los líderes políticos electos de responder por sus decisiones frente a los ciudadanos-electores, o a otros órganos constitucionales encargados de ello.[1] La rendición de...
El liderazgo político es un proceso complejo que se desarrolla en el tiempo. En este artículo, se analizan las etapas del liderazgo político desde una perspectiva biográfica, que lo concibe como un proceso que se desarrolla en tres fases: socialización, legitimación e...
La participación ciudadana es un componente crucial en las distintas aproximaciones al concepto de gobernanza. Este enfoque supera la exclusividad de las instituciones en la gestión de los asuntos públicos. No obstante, los distintos actores no tienen los mismos intereses ni establecen una relación igualmente simétrica con el gobierno y sus instituciones. De hecho, las fuerzas del mercado disponen de más fuerza y capacidad de negociación que otros actores sociales, la sociedad civil organizada o la ciudadanía.
El establecimiento de un partenariado o asociación entre los sectores público y privado puede considerarse como expresión de una forma de gobernanza, pero orillando los intereses sociales. Una gobernanza por tanto descompensada, desequilibrada al dar poca o ninguna oportunidad a dichos intereses para participar, para influir en los procesos decisionales del gobierno.
Este punto de vista comportaría una visión «débil» de la gestión relacional. Porque con la exclusión de los actores sociales, no incrementa (más bien al contrario) la calidad de la democracia.
Para ser democrática, la gobernanza ha de incluir el reconocimiento de las múltiples relaciones que se dan en un territorio. De este modo, puede desplegar una estrategia intersistémica con presencia del sector privado, el tercer sector, los movimientos y redes sociales y, también, a la ciudadanía. Esté esta organizada o no.
La relación entre participación y calidad democrática se ha puesto de manifiesto por Leonardo Morlino[1]. Este considera que la participación ciudadana, junto con la competencia política, es uno de los motores de la calidad democrática.
La participación contribuye a acercar las políticas de los gobiernos y sus decisiones a las necesidades y demandas de la ciudadanía. Además de influir en las decisiones políticas, la participación crea y fortalece la identificación grupal, el sentido de pertenencia a una comunidad, favoreciendo el desarrollo del capital social de un territorio.
Por otra parte, es un hecho la crisis de representación y la quiebra de confianza de la ciudadanía en sus representantes y en las instituciones. Es indiscutible que las democracias están perdiendo el impulso cívico necesario y el dinamismo para afrontar los continuos cambios socioeconómicos, lo que justifica aún más la participación de los ciudadanos en la esfera pública, que aporta legitimidad a las decisiones.
La participación hace a ciudadanos y ciudadanas personas más comprometidas, informadas y cooperativas. Favorece el desarrollo de una actitud de ciudadanía activa, más consciente de sus derechos y obligaciones, y con opiniones políticas más estructuradas y consistentes.
El mismo hecho de participar capacita a los ciudadanos, al requerir que estén informados, para intercambiar sus puntos de vista con los de otros con quienes generalmente no interactúan.
Así, se multiplican la frecuencia y calidad de los contactos, contribuyendo a que se hagan efectivas la mejora de la cantidad, intensidad y calidad de las relaciones entre los actores del territorio, un elemento definitorio de la gestión relacional.
Al mismo tiempo, se crea capital social al provocar más confianza y comprensión entre los distintos grupos de ciudadanos y los actores institucionales.
El ámbito local se ha considerado siempre como un lugar privilegiado para la aplicación de políticas y prácticas de participación ciudadana, donde disfruta de más posibilidades de cristalizar entornos de decisión local.
Un espacio local que se diferencia de otros niveles administrativos en la relación más directa del gobierno con la ciudadanía, lo que en principio ha de permitir identificar mejor sus necesidades y satisfacerlas.
En general podemos considerar que su característica primordial es la proximidad con el ciudadano y donde se conforma la dimensión social y política de ciudadanía.
Es este nivel de gobierno donde más se ha avanzado en la participación, al ser los gobiernos locales espacios institucionales naturalmente abiertos a la participación, que se ha convertido en un factor primordial para establecer una conexión positiva entra la acción de gobierno y la ciudadanía.
En el espacio municipal, la participación pública ha de provocar decisiones más adecuadas y servicios que responden mejor a las necesidades ciudadanas.
En este marco de las ciudades, la participación ciudadana juega una papel clave en el desarrollo local. Es aquí donde ha de garantizarse que los proyectos que lo estructuran responden a las expectativas ciudadanas y los retos que estos plantean, facilitado así el soporte social necesario y la implicación social, generadora a su vez de capital social.
Un ejemplo son las fórmulas de planificación estratégica participativa que articulan el diálogo entre el gobierno local y los actores del territorio, incluida la ciudadanía, que suponen formas de acción conjunta para la construcción del proyecto de futuro del territorio.
Otro enfoque, de los más exitosos en cuanto participación ciudadana en la toma de decisiones es el de los presupuestos participativos. En ellos, la ciudadanía interviene en la asignación presupuestaria destinada a inversión; y en la priorización del uso de los fondos públicos y controlando la ejecución de los programas de gasto.
La participación ciudadana puede hacerse efectiva en un grado variable. No es lo mismo ser receptor de información, o implicarse y ser protagonista en la toma de decisiones.
Los distintos niveles de participación fueron ilustrados inicialmente por Arnstein[2] mediante la «escalera de la participación», consistente en una escala de ocho peldaños dividida en tres segmentos: no participación, participación simbólica y poder ciudadano.
Los dos primeros peldaños refieren niveles de «no participación», utilizados para sustituir para sustituir a la participación real. El objetivo, por tanto, no es la participación, sino «educar» o «curar» a los «participantes».
En la manipulación se utiliza el pretexto de la participación para construir el consentimiento de los ciudadanos de esta manera legitimar las decisiones. Se proyecta así una imagen «democrática» que cuenta, si bien falsamente, con la ciudadanía, haciendo creer que se le considera en el proceso decisorio.
Al igual que la manipulación, la terapia se utiliza para sustituir la participación auténtica y autónoma. Para Arnstein es más «deshonesta y arrogante» que la anterior.
Quienes dirigen el proceso supuestamente participativo, orientan hacia formas de «terapia grupal» a las personas participantes, generalmente pertenecientes a los sectores más marginados y desfavorecidos. Se permite así que se desahoguen en una suerte de catarsis de sus frustraciones con el objetivo de mejorar sus problemas de «inadaptación». El objetivo es ajustar sus valores y actitudes a aquellos del conjunto de la sociedad.
En el siguiente nivel, de la participación simbólica, se permite a los actores sociales recibir información y expresarse. Analicemos esos otros niveles.
Informar a la ciudadanía acerca de las políticas, sus derechos, opciones. Y, en general, de cualquier otro asunto relevante es indudablemente un paso hacia la genuina participación.
No obstante el flujo de información es unidireccional, descendente, sin retroalimentación alguna y sin capacidad de negociación, de forma que se tiene poca oportunidad de influencia en actuaciones, planes o políticas en los que la ciudadanía está concernida como beneficiaria.
Consultar las opiniones de la ciudadanía es un acercamiento a la participación ciudadana real. No solo se informa, dando a conocer decisiones, políticas, proyectos etc. sino que se da la oportunidad de expresar opiniones, sugerencias y propuestas. Lógicamente es necesario que los asuntos consultados estén aun en una fase de diseño y puedan ser modificados. De lo contrario, la participación es únicamente formal.
Es necesario, entonces, que se considere una fase de «devolución». En esta, los actores consultados son informados sobre el tratamiento y resultados de la consulta, aunque estos no incluyan las propuestas planteadas.
Cuando se restringe la entrada de las ideas, no hay discusión o las propuestas no son ni analizadas ni consideradas, la participación sigue siendo sólo un ritual, más que una realidad.
Aquí, la apariencia es de concesión de algún grado de influencia, pero más simbólica que efectiva. Se incluyen a ciudadanos representantes de grupos o asociaciones. Pero la instancia participativa cuanta con mayoría de funcionarios, técnicos y expertos que contrarrestan y neutralizan los argumentos y posición de aquellos representantes de la ciudadanía.
El objetivo no es otro que controlar la aceptación de las propuestas, asegurando que las decisiones permanecen íntegramente en el ámbito de las autoridades.
En la colaboración, el poder se distribuye a partir de una negociación entre ciudadanos y autoridades, compartiendo responsabilidades en la formulación de propuestas y en el proceso decisorio. La capacidad para adoptar una decisión final sigue estando en las autoridades y sus órganos de representación.
La delegación de poder implica que la ciudadanía predomine en el proceso de toma de decisiones. Es decir, poseen la capacidad suficiente para que los planes y programas se implementen y desarrollen. Ante las diferencias, se establece un proceso de negociación.
Finalmente, en el nivel de control ciudadano, la ciudadanía tiene la capacidad del control, contando con los recursos e instrumentos para garantizar que pueden gestionar un programa o una institución.
A partir de la formulación de Arnstein se han propuesto otros gradientes de participación. La International Association for Public Participation (IAP2), utiliza “el spectrum de la participación” para ilustrar cinco niveles de participación ciudadana en la toma de decisiones políticas.
Para este continuum establece el objetivo para cada nivel, el alcance del compromiso del gobierno con el público y ejemplos de herramientas que pueden aplicarse.
Para la IAP2, «todas las formas de participación tienen su valor y su utilidad. Dependiendo del área, así como de la fase de desarrollo de la política, una o dos de esas formas pueden ser más apropiadas que las otras”. La participación ciudadana, en todas sus formas y niveles, es esencial para una gobernanza efectiva y democrática. A través de su implicación en las decisiones locales y en la creación de políticas, los ciudadanos no solo fortalecen sus comunidades, sino que también promueven una democracia más inclusiva y representativa.
[1] Morlino, L. (2014). La calidad de las democracias en América Latina: informe para IDEA International. San José de Costa Rica: IDEA.
[2] Arnstein, S. R. (1969). A Ladder of Citizen Participation. JAIP, Vol. 35, No. 4, July 1969, pp. 216-224. (http://lithgow-schmidt.dk/sherry-arnstein/ladder-of-citizen-participation.html#d0e31)
La rendición de cuentas (accountability) se define, en términos generales, como la obligación de los líderes políticos electos de responder por sus decisiones frente a los ciudadanos-electores, o a otros órganos constitucionales encargados de ello.[1] La rendición de...
El Plan de Mandato Municipal es un instrumento de planificación donde se establecen los principales objetivos del equipo de gobierno para todo el mandato, lo cual lo convierte en una guía de actuación para toda la administración municipal. El plan de mandato (también...
