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La rendición de cuentas (accountability) se define, en términos generales, como la obligación de los líderes políticos electos de responder por sus decisiones frente a los ciudadanos-electores, o a otros órganos constitucionales encargados de ello.[1]
La rendición de cuentas tiene tres componentes básicos[2]. De un lado, la obligación de los políticos y funcionarios de informar sobre sus decisiones y acciones, y justificarlas. De otro, la capacidad de sanción a quienes hayan transgredido sus obligaciones públicas.
El primer componente comprende el derecho a recibir información veraz, entendible y pertinente, así como la obligación de facilitar esa información por parte de quienes detentan el poder y toman decisiones.
La justificación requiere de la explicación, del argumentar para que se expliquen actos u omisiones. Pero no es suficiente un discurso unidireccional, no basta con trasladar un relato sin más; es necesario el diálogo crítico, la interacción entre quienes preguntan y quienes responden.
El tercer componente de la rendición de cuentas es la sanción, que implica el «castigo» de acciones incorrectas en el ejercicio de los servidores públicos, ya que una ausencia de consecuencias dirige hacia la impunidad.
Estas sanciones varían según su objeto limitándose, en el caso de los cargos políticos, al cese y a la exposición pública, excepto cuando las actuaciones sean de tal tipo que requieran la intervención de instancias judiciales.
En la rendición de cuentas pueden distinguirse dos formas, complementarias entre sí:
Se establece entre el Gobierno y la administración y órganos de supervisión, evaluación y control, autoridades independientes, contralorías y tribunales de cuentas. Se incluirían en esta categoría el control que ejerce la oposición desde el Parlamento u otras instituciones representativas, así como el llevado a cabo por los partidos políticos, sindicatos y medios de comunicación.
Smulovitz y Peruzzotti[3] proponen el concepto más amplio de rendición de cuentas social, un “mecanismo no electoral, pero vertical, de control de autoridades políticas que descansa en las acciones de un múltiple conjunto de asociaciones de ciudadanos y de movimientos, acción que tiene como objetivo exponer errores gubernamentales, traer nuevas cuestiones a la agenda pública o activar el funcionamiento de agencias horizontales de ‘accountability’”[4].
Este tipo de rendición de cuentas operaría entre periodos electorales mediante distintas fórmulas y mecanismos relacionados con la información y la valoración de los comportamientos de la administración y de los líderes políticos electos.
Los mecanismos de rendición de cuentas tienen un carácter multidimensional. La rendición de cuentas vertical, eminentemente electoral, se complementa con la rendición de cuentas horizontal. Esta es principalmente llevada a cabo desde el propio Estado, a través de órganos administrativos de supervisión, control y fiscalización y el poder judicial. Además de la labor de oposición realizada desde las instituciones representativas. Como contraparte, es escaso el control social, que queda limitado al proceso electoral.
Estos mecanismos pueden, y deben, ser complementados con otros que aseguren la esencia de la ciudadanía, en lo que se ha denominado rendición de cuentas diagonal o social.
La participación puede entenderse como un factor clave en el reforzamiento de la democracia y en la legitimación de los sistemas democráticos. Tiene un lugar destacado en la rendición cuentas que, recordemos, es un elemento procedimental de la calidad democrática.
La participación hace posible el control ciudadano sobre las decisiones, comportamientos y resultados de los gobiernos.
Como se ha expuesto anteriormente el nivel local de gobierno es un ámbito especialmente adecuado para el despliegue de la participación ciudadana, por la cercanía entre ciudadanos y gobernantes, pudiéndose afirmar con carácter general que a menor escala las posibilidades de aplicar prácticas participativas son mayores.
No obstante, el desarrollo de enfoques participativos presenta dificultades. En primer lugar, la falta de voluntad política constituye un obstáculo más que considerable, ya que es un prerrequisito para el diseño e implementación de políticas de participación ciudadana.
El temor a la pérdida de discrecionalidad a la pérdida de discrecionalidad en la toma de decisiones, cuando menos, es una condición que dificulta la aceptación de fórmulas participativas de control de la ciudadanía sobre las decisiones y actos del gobierno.
De otro lado el déficit en capacidades participativas de la ciudadanía, de habilidades y conocimientos, puede impedir una participación eficaz y un control real sobre las actuaciones del gobierno. Lo que puede ser agravado por el carácter técnico de las funciones institucionales que dificultarían en muchos casos la comprensión de los asuntos objeto de la participación.
El grado de organización ciudadana es otro elemento que puede dificultar la participación en general y la rendición de cuentas social. Allí donde el nivel de organización social es menor, una y otra se ven dificultadas.
También, y en relación con la voluntad política, hay que añadir la puesta en marcha de mecanismos y dispositivos de rendición de cuentas cuya composición y carácter sean tales que la presencia de actores sociales sea inoperante para una participación real, recordando los niveles de «no participación» citados por Arnstein.
Y no olvidemos tampoco que pueden ser incluidas en procedimientos de rendición de cuentas a asociaciones ciudadanas cuya representatividad ciudadana o sectorial puede ser puesta en duda.
En cualquier caso, para una rendición de cuentas social la transparencia es condición previa y necesaria. En este sentido hay que puntualizar que la información debe ser en todo caso suficiente, oportuna, comprensible y fiable, condiciones que no siempre se dan.
Como se ha apuntado anteriormente, la intensidad de la participación puede ser caracterizada por distintos nivele, siendo el primero de ellos la provisión de acceso a información, que ha de poseer las características señaladas.
En un gobierno local esta información debería versar al menos sobre los aspectos siguientes:
En el plano de la participación consultiva, un dispositivo común son los “Consejos consultivos de entidades”. Estos se confiuran como espacios de interlocución entre el gobierno local y el entramado asociativo del territorio.
Gran parte de las experiencias al respecto limitan las funciones de estos consejos la consulta y deliberación, sin estar en ocasiones exentas de intenciones de legitimación de políticas ya definidas por parte del gobierno local. Ello sin olvidar la dificultad que puede darse en encontrar interlocutores sociales genuinamente representativos.
En un nivel participativo superior podemos encontrar:
Asambleas de Rendición de Cuentas. Periódicamente el gobierno local convoca a toda la ciudadanía para informar sobre la gestión realizada, informando al menos de los aspectos siguientes:
Las asambleas pueden realizarse también por distritos o barrios, como una forma de acercar la gestión a los problemas, demandas y necesidades de la ciudadanía.
Comisiones Ciudadanas de Transparencia. Estructuras que canalizan la participación ciudadana en la rendición de cuentas. Están integradas por representantes de organizaciones sociales ubicadas en el municipio, y ciudadanos individuales, junto a un representante del gobierno local.
Las autoridades municipales, reconociendo su deber de rendir cuentas, aprueban que un grupo de ciudadanos —seleccionados conforme a criterios definidos en un reglamento—, auditen y certifiquen su gestión.
Veedurías Ciudadanas
Mecanismo de representación que le permite a la ciudadanía y diferentes organizaciones sociales ejercer la vigilancia sobre la gestión pública, respecto a las autoridades y órganos de control.
[1] Morlino, L: “Calidad democrática entre líderes y partido”. Istituto Italiano di Scienze Humane, 2008ª.
[2] Schedler, A.: “Qué es la rendición de cuentas”, en Cuadernos de Transparencia 03, México, Instituto Federal de Acceso a la Información, 2004.
[3] Smulovitz, C. y Peruzzotti, E. (2000). “Societal accountability in Latin America”, Journal of Democracy, vol. 11, 14: 147-158.
Smulovitz, C. y Peruzzotti, E: Controlando la política. Ciudadanos y medios en las nuevas democracias. Ed. Paidós. Buenos Aires, 2002.
[4] Morlino (2014) considera la rendición de cuentas social como un concepto integrado en la rendición de cuentas interinstitucional.
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